El fenómeno del “boom inmobiliario” en España y sus graves secuelas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, tanto ambientales como económicas, han servido para que determinados ámbitos de la sociedad y de la administración pública aprendan la lección y reorienten sus políticas o establezcan mecanismos disuasorios que impidan la repetición de un fenómeno tan desastroso. Pero sigue habiendo personas e instituciones que parecen no haber sacado las mismas conclusiones.