Con la excusa de la crisis económica, desde algunas administraciones públicas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, se ha establecido como criterio determinante para la adjudicación de contratos públicos, la “subasta a la baja”. Así, las mismas administraciones que en muchos casos han gestionado los recursos públicos de una forma cuyas consecuencias sufrimos todos los ciudadanos e intentan dirimir los tribunales, en un difícil intento de deslindar responsabilidades, apuestan ahora por buscar el ahorro en la adjudicación de contratos de provisión de bienes y servicios, a precios imposibles: los mismos precios con los que hace apenas un año, esas mismas administraciones excluían a los licitadores al calificar este tipo de ofertas como “temerarias”, son ahora indispensables para optar a una adjudicación. Es la renuncia a la calidad, otra cara de la crisis económica española, cuyas consecuencias sufrirán los mismos ciudadanos que soportan con indignación el peso de los sacrificios económicos impuestos.