Durante la época de la burbuja inmobiliaria, gran parte del territorio español, en general y de la Comunitat Valenciana en particular, fue objeto de un proceso enloquecido de programación y desarrollo de suelo, en el que el ánimo de lucro primó sobre cualquier otra consideración. En una vorágine que parecía imparable y donde nadie quería desaprovechar sus oportunidades, se crearon unas expectativas tan inverosímiles como dañinas para la actividad económica, a largo plazo y para el territorio, a corto plazo. El daño hecho sobre el tejido productivo y el medio natural, es irreversible en muchos casos. En este artículo se analiza cómo para la activación de todo este proceso fue preciso concitar la colaboración imprescindible de muchos agentes, públicos y privados, incluidos los propios arquitectos.