Como sucede en otros territorios insulares y del litoral español, una parte del término municipal de Castellón de la Plana está ocupada, en una enorme extensión, por miles de viviendas ilegales. La permisividad de las autoridades locales, temerosas de enfrentarse a un colectivo cada vez más numeroso de infractores, fue el caldo de cultivo en el que empezó a madurar un problema que ha terminado adquiriendo proporciones colosales. Pero últimamente la actuación de la fiscalía y una interpretación en clave económica del problema han introducido una nueva perspectiva.