DESCRIPCIÓN
Durante las dos últimas décadas, la Comunidad Valenciana se ha convertido en epicentro de algunas de las más novedosas disposiciones legales en materia de ordenación del territorio y práctica urbanística. De este modo, se comenzó en una primera etapa – a mediados de los años noventa del pasado siglo- con la aprobación de un nuevo cuerpo legal que introdujo una forma distinta de interpretar el urbanismo y el papel que juegan algunos de sus principales actores, contribuyendo decisivamente a dinamizar el sector inmobiliario, pero abundando también en una economía con una fuerte carga especulativa y con unos efectos no siempre beneficiosos sobre el territorio y el paisaje.
La fuerte controversia generada en torno a algunas de las determinaciones más discutibles de la normativa urbanística valenciana se vio favorecida por un clima de cierta alarma social y por la presentación de multitud de recursos contra resoluciones administrativas, lo que en última instancia provocó que el cada vez más complejo entramado legislativo valenciano se colocara en el centro de una polémica que terminó por trascender las fronteras no solo autonómicas, sino incluso nacionales. De este modo, el urbanismo valenciano fue sometido a una profunda inspección por parte de ciertos órganos y comisiones de la Unión Europea, al tiempo que proyectaba una imagen no siempre acertada y frecuentemente injusta, del tipo de actuaciones que se estaban desarrollando dentro del ámbito autonómico.
Con el arranque de la segunda década del siglo XXI, parte del trabajo legislativo de la Conselleria competente en ordenación del territorio se orientó hacia una nueva forma de interpretar la doctrina urbanística, basada en sustanciar el carácter supletorio del urbanismo, priorizando una visión territorial y la incorporación de conceptos más subjetivos, como el paisaje. La obsesión por innovar y el recurso sistemático a conceptos como “verde, sostenible, racional, pionero”, etc…, condujeron a la progresiva devaluación de las herramientas urbanísticas convencionales y de sobrada (aunque mejorable) eficacia, frente unas técnicas aparentemente novedosas e infalibles, capaces de ordenar el territorio.
En este contexto, la Generalitat Valenciana impulsó un proceso de refundición y reformulación del marco territorial y urbanístico autonómico, que aspiraba a resolver la complejidad e hipertrofia que lo había caracterizado. Objetivo plenamente legitimado, pero cuya materialización evidenció una preocupante improvisación y precipitación, traducida en relevantes contradicciones, carencias y propuestas escasamente justificadas, que lejos de contribuir a simplificar y aclarar los objetivos planteados, podrían conducir a un escenario de inseguridad jurídica y constituir en su conjunto, un retroceso en algunos aspectos sustanciales.
En este contexto, el trabajo de investigación desarrollado por AUG-ARQUITECTOS, SLP y presentado al concurso que organiza la Fundación FYDU, se centra en uno de los elementos identitarios del anunciado nuevo modelo territorial autonómico, la denominada “Infraestructura Verde y del Paisaje de la Comunidad Valenciana”, concebida – en palabras de sus creadores- como “un concepto innovador en la gestión de los espacios abiertos del territorio y en su planificación”. Son constantes las referencias a su delimitación y observancia, a modo de piedra angular del nuevo modelo territorial autonómico, al tener que incorporar su caracterización en la definición de los modelos territoriales de todos los planes, programas y proyectos del conjunto de las Administraciones Públicas con afección sobre el territorio y el paisaje y con especial incidencia en la planificación territorial y urbanística del suelo no urbanizable.
El carácter supuestamente innovador de la actual forma de ordenar el territorio tiene en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada a comienzos del 2011, el imprescindible marco legal y en ese encaje, la Infraestructura Verde es el elemento protagonista. Sobre estas premisas, este trabajo de investigación aborda un análisis exhaustivo de los nuevos criterios que impuso la Conselleria competente en ordenación del territorio, después de haber tenido la oportunidad de poner en práctica esta nueva metodología en distintos municipios pertenecientes al denominado Sistema Rural Valenciano.
En el trabajo se analiza si el deseable ejercicio de coordinación de la escala municipal con la supramunicipal, y de racionalización de las propuestas de crecimiento y regulación de usos en el espacio, es posible con las nuevas herramientas, en cuyo caso hablaríamos de un escenario de oportunidad, o si, por el contrario, en el supuesto de no corregirse una serie de graves disfunciones, la experiencia estaría demostrando que nos aproximamos al declive de un modelo territorial, con una especial incidencia en los municipios del Sistema Rural. Para determinar su alcance, los estudios realizados se centraron en evaluar su impacto en el denominado Sistema Rural valenciano, por ser el ámbito territorial más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico y demográfico en el conjunto de la Comunitat Valenciana y el más relevante desde el punto de vista medioambiental y patrimonial.
Este trabajo de investigación fue premiado por el jurado del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Díez del año 2013 con la Mención Especial del Jurado.
DATOS DEL PROYECTO
Convocantes del concurso: Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico (FYDU); Universidad San Pablo-CEU, Escuela de Negocios; LA LEY, Grupo Wolters Kluwer
